El año pasado el Estado hizo un esfuerzo para comprar 17,5 millones de textos, destinados a 3 millones de estudiantes del sector público y subvencionado. «En el ejercicio de este comercio se encubren delitos como contrabando, receptación y piratería».

 

Desde hace casi dos meses somos testigos de una verdadera metamorfosis en la plaza de Armas de Osorno, aquella que otrora lucía como una de las más bellas de Chile, una verdadera postal y credencial representativa de la comuna.

Todo esto ha quedado atrás, siendo reemplazado por decenas de personas que clandestinamente han ocupado este paseo peatonal para comercializar todo tipo de artículos, convirtiéndose en un verdadero bazar público, sumado al tenebroso aspecto que exhiben los locales comerciales, bancos y oficinas con sus puertas y escaparates absolutamente tapiados con planchas de acero, zinc o madera.

¿Es eso lo que queremos como osorninos? No quiero hacer ningún juicio al respecto, sino más bien llamar al análisis y reflexión sobre cuál es la identidad pública que deseamos entregar como ciudadanos. ¿Una ciudad pulcra, ordenada y respetuosa de la legalidad vigente o una ciudad cuyas autoridades no son capaces de hacerse cargo de un problema que se desarrolla frente a sus narices?

Hoy la plaza de Osorno se ha convertido en un símbolo del comercio informal, un flagelo que paradójicamente ha sido en parte responsabilidad del reclamo social, que se expresa con fuerza en nuestras calles. Y es que en el ejercicio de este tipo de comercio se encubren delitos gravísimos como el contrabando, receptación y piratería, actividades ilegales que terminan afectando a los más necesitados de Chile.

Nuestro país pierde 700 millones de dólares anuales como consecuencia de evasión de impuestos. Si dimensionamos este valor, Chile está perdiendo un ingreso que podría destinarse a materias tan relevantes como salud, educación o al incremento de las pensiones absolutamente insuficientes para nuestros adultos mayores.

La oferta laboral dependiente de los negocios clandestinos no ofrece capacitaciones, seguros, ni planes de previsión social. El auge del comercio informal augura un futuro incierto para la mayoría de los chilenos y compite de manera desleal con quienes se esfuerzan diariamente en cumplir con la legalidad que exige la institucionalidad chilena.

Los privados estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para no despedir a nuestros colaboradores, pero es el Estado y su Gobierno de turno quien por obligación constitucional debe garantizar el derecho a trabajar en paz.

 

*Esta columna fue redactada por el Juan Horacio Carrasco (Q.E.P.D), presidente de la Cámara de Comercio e Industrias, Servicios y Turismo de Osorno, previo a su deceso.

Fuente: El Austral de Osorno