Desde la Cámara de Comercio de Osorno compartimos los resultados de la Encuesta de Victimización elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), que revelan una alarmante alza en los delitos que afectan al comercio establecido. Según la medición, 6 de cada 10 locales comerciales del país fueron víctimas de algún delito entre julio y diciembre de 2024, lo que representa un 61,5% de victimización, superando incluso los niveles registrados en la etapa prepandemia.

El informe evidencia que, pese a este escenario de creciente inseguridad, un 56,2% de los afectados no denuncia los hechos, y entre quienes sí lo hacen, un 76,3% declara no haber obtenido resultados satisfactorios. Esta situación da cuenta de una preocupante sensación de abandono e ineficacia en los mecanismos de persecución del delito.

Frente al aumento delictual, los comerciantes han debido implementar una serie de medidas preventivas, con un promedio de más de ocho acciones de seguridad por local, lo que ha significado un aumento sostenido en los gastos asociados. Los rubros más afectados corresponden a estaciones de servicio, logística, venta de automóviles, hoteles y restaurantes.

Además, un 47% de los encuestados considera que su barrio es poco o nada seguro, y uno de cada tres percibe la presencia de bandas de crimen organizado operando cerca de sus locales. También se registra una fuerte presencia de comercio ambulante ilegal en un 40% de los casos, fenómeno que los encuestados asocian directamente con el deterioro de la seguridad y la pérdida de clientes.

Al respecto, Luis Rigo-Righi Aubel, presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, expresó su preocupación señalando que:

“Esta encuesta confirma lo que nuestros asociados vienen señalando hace meses: el comercio establecido se encuentra bajo una presión constante por la inseguridad, lo que no solo genera pérdidas económicas, sino también un profundo impacto en la calidad de vida de los trabajadores y emprendedores. Necesitamos con urgencia una respuesta más decidida por parte de las autoridades, fortaleciendo la fiscalización, el control del comercio ilegal y garantizando un entorno seguro para el desarrollo de nuestras actividades productivas”.

Como gremio, hacemos un llamado a seguir visibilizando esta realidad y a trabajar en conjunto con las autoridades locales y nacionales para recuperar la confianza, la seguridad y el respeto por el comercio formal, que cumple con sus obligaciones, genera empleo y aporta al desarrollo de nuestras comunidades.