La delincuencia se ha transformado en uno de los mayores problemas para el comercio formal, y en particular para los supermercados, según un reciente informe del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
Sergio Morales, coordinador del Observatorio, explicó que “la inseguridad es un problema transversal que golpea a todo el comercio formal. Nuestra última encuesta de victimización reveló que el 61,5 % del comercio ha sido afectado, concentrándose en las regiones de Valparaíso, Antofagasta y Metropolitana”.
Desde la Cámara de Comercio de Osorno, su presidente, Luis Rigo-Righi Aubel enfatizó que estos antecedentes refuerzan la necesidad de articular medidas efectivas entre el sector privado y las autoridades para garantizar mayor seguridad, frenar el comercio ilegal y proteger la actividad económica local. El presidente de la Cámara de Comercio de Osorno dijo que “no queremos normalizar estos hechos. Puede que nuestras cifras como ciudad estén mejor en comparación a otros lugares, pero el trabajo y la lucha para erradicar la delincuencia es un tema ciudadano que nos involucra a todos”.
En el caso de los supermercados, el panorama es aún más preocupante. “Esta cifra asciende a un 82,6 %, siendo los delitos más comunes el hurto y los daños materiales”, detalló Morales. El ejecutivo agregó que en la actualidad también enfrentan fenómenos como los abordazos, modalidad que permite sustraer grandes cantidades de productos y ha obligado al sector a reforzar guardias, infraestructura y tecnología de seguridad.
Otro dato alarmante es el robo de carros de supermercado, que ha alcanzado más de 7.500 unidades al mes en todo el país, equivalentes a un costo superior a $540 millones. “Este ilícito implica mayores gastos en seguridad, desgaste en la recuperación de carros y un deterioro en la experiencia de compra de los clientes. Además, muchos de estos carros terminan siendo utilizados por el comercio ambulante ilegal”, señaló Morales.
El informe también advierte que un 39,2 % de los locatarios declara tener comercio ambulante en las afueras de sus locales, lo que genera mayor inseguridad en los barrios, pone en riesgo a clientes y trabajadores, y finalmente afecta las ventas del comercio formal.
